Catastro reclama 30.000 € a 500 vecinos de Orellana la Vieja

Las instalaciones del Edificio de “Lacimurga” congregó a un gran número de vecinos de la localidad que fueron a informarse y, en algunos casos, a reclamar la cantidad de 60 euros por propiedad que le exige la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este organismo ha enviado a medio millar de vecinos de Orellana una carta en la que les reclama la cantidad de 60 euros por propiedad, lo que suma un total de 30.000 euros entre todos los afectados.
Para abordar las dudas de los vecinos de la localidad, la Gerencia de Catastro contrató a la empresa UTM Cartografía, una sociedad guareñense especializada en estudios y análisis edafológicos, agrológicos y de productividad de suelos, así como su proyección y realización sobre terrenos de toda naturaleza.

Tomás, un representante de UTM Cartografía, ha señalado a este medio que “el 90% de las consultas eran meramente informativas” y que “apenas se registraron alegaciones”. “Nos encontrábamos con gente que antes tenía un solar y ahora tiene una vivienda o con vecinos que no tenían los ‘doblaos’ catastrados”. Precisamente en referencia a estas plantas diáfanas que suelen abundar en poblaciones como Orellana la Vieja, el representante de la empresa contratada añadía que en muchos otros casos se han encontrado con “viviendas que por fuera parecían que tenían un piso en la parte superior, y después se ha demostrado de que tan sólo se trataba de estos espacios abiertos”.

Otro de los asuntos que se encontraban los vecinos “en las cartas que les enviaron desde el catastro, era el pago por la construcción de piscinas, naves de agrícolas o naves de ganado. En este caso simplemente se trataba de añadir este tipo de construcciones al catastro”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de quien depende catastro, ha señalado a este medio que “esto no se trata de una revisión al alza, sino forma parte de un plan de regularización y lucha contra el fraude fiscal que comenzó en 2013”.
Hacienda también recuerda que “no ha habido revisión en todas las propiedades del municipio”, al tratarse de un plan estatal y que “para hacer estas gestiones se necesita el apoyo del Ayuntamiento”, ya que ambos intercambian información antes de que al vecino le llegue la carta. Asimismo, avisa de que este proceso “no sirve para legalizar inmuebles, cosa que tiende a pensar mucha gente” y que no es catastro “quien especifica la cantidad del impuesto sobre IBI de cada propiedad, sino que esto “es competencia del ayuntamiento”. De igual modo, el Ministerio argumenta que “se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan. Es decir, es un plan que se autofinancia”.
Como consejo a los ciudadanos, el ministerio fiscal insta a los vecinos a “no apurar los plazos para presentar las pertinentes alegaciones” y que, “si en algún caso lo que se refleja es incorrecto, que no dude en alegar que los datos están mal”.

Por su parte, el alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos, ha dicho a través de las redes sociales que “no se puede consentir, por ejemplo, que se esté pagando por solar, cuando se tiene una cochera, o que se pague por una vivienda vieja, cuando se ha construido una nueva y con el doble de metros”, si bien matiza que “hay errores y para esto se ha habilitado esta oficina”, en referencia a la oficina eventual que estuvo en el Edificio Lacimurga durante la mañana del lunes, a lo que apostilla Ramos que “para cualquier duda y reclamación, los ciudadanos (…) podrán hacerlo en las oficinas del Ayuntamiento” y que “si queremos conseguir bajar el IBI y pagar menos, es importante que paguemos todos por lo que realmente tenemos”.