El Ayuntamiento plantea una prórroga del contrato del agua de 15 años con Aqualia

El Ayuntamiento de Orellana la Vieja acogía este martes sesión extraordinaria para abordar un asunto clave en la localidad, el contrato de suministro, depuración y alcantarillado en el municipio.

Según la convocatoria de pleno, esta modificación “se justifica por la inminente finalización” del contrato con Aqualia, suscrito en febrero de 2006. De hecho, la fecha de vencimiento está prevista para el 9 de febrero de este mismo año. Por ello, se hace “imprescindible” la adopción del acuerdo, para “garantizar la continuidad de la prestación del servicio”. En las votaciones, el PP votó a favor de la modificación y el PSOE se abstuvo, mientras que el concejal no adscrito, Juan Pedro Almodóvar, no pudo asistir al pleno.

El ejecutivo local propone que tras el plazo actual de concesión, se implante un canon global anual de 40.000 euros más IPC cada año durante 15 anualidades. Este jueves, se notificará formalmente esta modificación del contrato a Aqualia y, previsiblemente, el próximo martes se convocará pleno para abordar esa posible prórroga.

El PSOE pregunta si ésta es la única modificación que hace falta a un contrato que se firmó hace veinte años e insiste en que el IPC seguirá subiendo, lo que repercutirá en los vecinos.

Por su parte, el PP afirma que en las negociaciones se han acordado hacer una inversión de 800.000 euros y un canon inicial de 150.000 euros, e insiste en que “la tarifa no se altera”.

Desde el gobierno local, la alcaldesa, Pilar Carmona, explicó los motivos que han llevado al Ayuntamiento a proponer la prórroga del contrato con la empresa Aqualia, en lugar de iniciar un nuevo proceso de licitación o asumir directamente la gestión del servicio.

Según detalló Carmona, el Consistorio estudió tres posibles opciones: municipalizar el servicio, sacar un nuevo contrato a licitación o acogerse a una prórroga del contrato actual. La primera de ellas fue descartada tras un estudio preliminar de costes, que concluyó que la gestión directa por parte del Ayuntamiento sería “inviable” económicamente. El mantenimiento de las infraestructuras, la contratación de personal y el coste de los productos químicos harían que el servicio resultara incluso “más caro” que la gestión externa.

La alcaldesa señaló que, de haberse obtenido un beneficio, el Ayuntamiento habría valorado positivamente esta opción, pero advirtió de que asumir mayores costes supondría o bien una carga económica para las arcas municipales o una subida significativa del recibo del agua para los vecinos. En este sentido, recordó que España se encuentra entre los países europeos con el coste del agua más bajo y que la Unión Europea está impulsando un incremento progresivo de las tasas.

En cuanto a la posibilidad de sacar el servicio a una nueva licitación, Carmona explicó que el Ayuntamiento carece de personal técnico especializado para elaborar los estudios económicos y técnicos necesarios, lo que habría obligado a contratar empresas externas. Los presupuestos solicitados oscilaban entre los 6.000 y los 12.000 euros, un gasto que el equipo de gobierno consideró elevado.

Además, la alcaldesa alertó de los riesgos asociados a los procesos de licitación, como posibles errores, reclamaciones o litigios judiciales que podrían paralizar el servicio durante años. Esta situación, subrayó, “supondría la suspensión de inversiones necesarias en la red de abastecimiento”, especialmente en zonas con tuberías deterioradas, “como la zona de la Plaza o la parte baja del municipio”.

Ante este escenario, el Ayuntamiento propone la prórroga del contrato, una opción que, según Carmona, permite una gestión más ágil y ofrece la posibilidad de introducir modificaciones si los informes técnicos y jurídicos lo avalan. La alcaldesa añadió que este procedimiento evita los riesgos de un nuevo concurso público y garantiza la continuidad de las inversiones necesarias.

Finalmente, Carmona recordó que el contrato original, firmado en 2006, incluyó un pago inicial de 525.000 euros al Ayuntamiento, una cantidad que permitió saldar la deuda municipal existente en aquel momento. La modificación actual del contrato persigue un objetivo similar: disponer de recursos económicos al inicio de la prórroga (150.000 euros más 800.000 en inversiones) que duraría un total de 15 años.