La Diputación destinará casi 4 millones de euros en fondos europeos para la lucha contra la despoblación en La Siberia y La Serena-Vegas Altas
Vista general de Orellana la Vieja
La Diputación de Badajoz ha anunciado que destinará cerca de 4 millones de euros, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a impulsar proyectos de transformación rural en La Serena-Vegas Altas y La Siberia.
El plan beneficiará a 27 municipios especialmente afectados por la despoblación, alcanzando a casi 37.000 habitantes.
La convocatoria financia proyectos supramunicipales y de carácter piloto, orientados a afrontar el declive demográfico, la falta de servicios, la transformación productiva y la cohesión social en municipios de menos de 5.000 habitantes integrados en áreas funcionales superiores a 10.000. El periodo de ejecución abarca desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2029, con una cofinanciación del 85% del gasto elegible.
El PAI de la Diputación de Badajoz articula su respuesta a los principales desafíos rurales —despoblación, envejecimiento, carencia de servicios avanzados y falta de oportunidades laborales— a través de tres líneas prioritarias.
En primer lugar, centrada en escuelas de oficios. Se trata de crear espacios supracomarcales de formación en oficios esenciales y tradicionales, adaptados a las necesidades locales y orientados al relevo generacional, la inclusión sociolaboral y la fijación de población. Impulsarán empleo, capacitación juvenil, apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento social y alianzas público-privadas.
Otra línea va dirigida a refugios climáticos. El objetivo es habilitar infraestructuras verdes e innovadoras que aporten confort térmico, resiliencia y calidad de vida frente al cambio climático. Estos espacios fomentarán la participación ciudadana, la educación ambiental y la regeneración de zonas urbanas degradadas.
La tercera línea se centra en la Red LoRa de Servicios Inteligentes. Se trata de desplegar una red de comunicaciones para modernizar y digitalizar servicios públicos esenciales —alumbrado, riego, gestión del agua, atención a personas vulnerables— favoreciendo el avance hacia un modelo “smart rural” y una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.
El plan incorpora además criterios medioambientales bajo el principio DNSH, planes de comunicación y sistemas de control y evaluación exigidos por la normativa europea y nacional, garantizando transparencia y eficacia en la gestión.
