La tasa a las eléctricas vuelve a Orellana en pleno extraordinario con el nombramiento de un nuevo concejal
Para mañana se ha convocado pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Orellana la Vieja. En el orden del día figuran dos puntos, además de la urgencia de la sesión.
Por una parte, se llevará a cabo la toma de posesión como concejal de Guadalupe Gómez, cuarta en la lista que presentó el PP de Orellana la Vieja en 2015 y que pasará a ocupar la plaza que ha dejado vacante en el pleno Isidro Moya, que en agosto dijo adiós hasta finales de legislatura a la actividad política.
Por otra, parte se lleva a pleno por segunda vez la aprobación, si procede, de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, a través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, constituidas sobre suelo, subsuelo o vuelo municipal.
La ordenanza, que se aprobó a finales del año pasado, tuvo que ser derogada en abril de 2018 por un fallo en la medición de estas líneas, que fue reclamado judicialmente por una de las compañías con tendidos eléctricos que pasan por el término municipal, por lo que el pleno se vio prácticamente obligado a derogar la ordenanza que previamente había aprobado.
Según se anunció a principios de verano de este año, una vez subsanados los errores de medición por parte de técnicos especializados de la Diputación de Badajoz, el pleno podría volver a valorar si aprobaría de nuevo esta ordenanza o se mantendría a la espera de saber qué iba a pasar judicialmente con este asunto.
Finalmente, el pleno lleva este tema de nuevo a la palestra para su aprobación, este viernes, 9 de noviembre, a las 13:00 horas.
En caso de aprobarse, estarán sujetos a esta tasa las cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones y demás elementos análogos que tengan que ver con la misma y constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local. La delegación del cobro de esta ordenanza, según la anteriormente derogada, correría a cargo del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OAR), de la Diputación de Badajoz.
En enero de 2017 el Supremo avaló que los ayuntamientos gravasen tendidos eléctricos y de gas por uso de dominio público. En concreto, el tribunal no admitió los recursos interpuestos por Red Eléctrica de España (REE), Unión Fenosa y Gas Galicia en los que se denunciaban estas prácticas, a las que consideran un “error” y que provocan, desde su punto de vista, un incremento “no justificado” de los gravámenes.
