Incertidumbre y preocupación en Orellana por una sentencia del Supremo

Importantes asociaciones, empresas y particulares se muestran especialmente preocupados por la sentencia del Tribunal Supremo que se publicaba el pasado día 18 de marzo, en base al recurso presentado por Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos, en la cual se refleja la ampliación del catálogo de especies invasoras que regula el RD 630/2013, y donde se incluye, entre otras especies, a la carpa común y la trucha arcoíris. Además, la sentencia detalla explícitamente la prohibición de la comercialización de las especies contempladas en el catálogo, como el cangrejo rojo americano, el más común de los crustáceos en el embalse orellanense.

El pescador santanderino Jesús Expósito, precursor de la Plataforma en defensa de la Pesca, presidente de la AEBASS (Asociación Española de Black Bass) y un habitual en las orillas de los grandes embalses extremeños, indica que “en base a esta sentencia del supremo, se puede ir a la cárcel entre 4 meses y 2 años por pescar un simple lucio o black-bass”. Algo que sin duda afectará significativamente a la economía de muchos pueblos y zonas rurales de España. En concreto, la sentencia lo detalla como delito penal, es decir, que, si sigue su camino y se publica en el BOE, se podrá ir a la cárcel por pescar especies tan habituales en el embalse orellanense como el lucio, el black-bass, la carpa común o el cangrejo rojo americano.
“Lo importante no es la pesca. Eso es lo de menos. Sino los miles de puestos de trabajo que se van a perder en hoteles, casas rurales, restaurantes, distribuidoras nacionales de productos de pesca, piscifactorías, tiendas, asociaciones, Federaciones, Ayuntamientos, bares, comercializadoras, transportistas, envasadoras, guías de pesca, clubs náuticos, chárters de pesca, turismo nacional e internacional, desarrollo de nuevas inversiones e incluso grandes y pequeñas superficies. La mayoría de pequeños empresarios tendrá que cerrar su negocio. Hay familias que viven exclusivamente de la pesca”, apostilla Expósito.

Una de esas familias que podrían verse afectadas por la sentencia del supremo es la de Heiko Pahlke, un alemán emigrado a Orellana la Vieja y que hace varios años decidió montar la empresa Alquila Orellana, dedicada al alquiler de viviendas cercanas al embalse para disfrute de pescadores, principalmente. “Estamos muy asustados con la noticia del supremo. Tengo tres hijas que dependen de este negocio. Precisamente esta mañana he ido al punto de activación empresarial de Don Benito para montar otra empresa relacionada con el sector, pero esta noticia ha hecho que quedemos el proyecto apartado. Ahora mismo estamos esperando a ver cómo se resuelve el asunto”, afirma Heiko.

Uno de los clientes del empresario alemán afincado en Orellana es Fidel Pedrajas, un cordobés aficionado a la pesca, que visita habitualmente el embalse orellanense para intentar, durante varios días, capturar piezas de carpa común. “A nivel particular, yo seguiré yendo a Orellana a pescar, diga lo que diga el supremo, otra cosa es el tema de concursos de pesca. Los organizadores de estos eventos tendrán que dejar la actividad”. Pedrajas también afirma que, si este proceso sigue adelante, “sería un grave error. Cada vez que voy a Orellana, como mínimo, me gasto 200 euros. Sólo en material de pesca tengo 6.000 euros invertidos y un coche dedicado exclusivamente a esta actividad. No pienso dejar este deporte que no hace daño a nadie”, sentencia el cordobés.

Sergio Chagartegui, que junto a ocho pescadores más formaron la Plataforma en defensa de la carpa, la cual a día de hoy suma cerca de 13.000 ‘carpistas’, argumenta que “no es comprensible que se quiera erradicar una especie que lleva 2000 años en nuestros ríos como la carpa”, a lo que añade que, en base a esta sentencia, “se prohíbe la pesca y la devolución de los ejemplares al agua, lo cual nos negamos rotundamente a ello”.

Esta resolución del Tribunal Supremo no excluye a los pescadores locales, como Raúl Sánchez, vecino de Orellana la Vieja y aficionado al ‘Carpfishing’ (pesca de la carpa). “Esto que ha dicho el supremo no tiene sentido, no hacemos mal a nadie. Nosotros seguiremos luchando por pescar”, afirma este joven orellanense, refiriéndose a los más de treinta pescadores del “Carpfishing” que hay en Orellana la Vieja.

El club de pesca Bass Madrid, organizador del Open del Lucio, uno de los eventos deportivos de pesca más importantes de Extremadura, se muestra especialmente preocupado. Su presidente, Daniel Belmonte, no duda en afirmar que “si la sentencia del supremo sigue su camino, se dejará de organizar el Open del Lucio y el resto de eventos de pesca que se desarrollan por la zona”. A lo que añade que “será una importante bajada de ingresos para muchos negocios” y aduce que “solamente el fin de semana del Open, acuden más de 300 personas de diferentes nacionalidades a Orellana la Vieja y pueblos de alrededor”. Precisamente, sobre la próxima edición del Open del Lucio desde embarcación, que previsiblemente se desarrollará en noviembre de 2016, Belmonte asegura que ya se está contactando con patrocinadores y la respuesta está siendo “buena”, aunque los comercializadores de productos de pesca son los que más preocupados están, “ya que, si se prohíbe este tipo de pesca, pierden completamente su negocio”.

El coordinador nacional de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Carlos Bueno, en declaraciones a Canal Extremadura Televisión, detallaba que la carpa común lleva “más de 2000 años” en aguas de la península ibérica, y añade que otras especies como “el lucio, el black bass o la trucha arcoíris, unos 75 años”. A lo que apostilla que “si en aquel momento fue un problema meterlos en el agua, ahora es un problema sacarlos, porque los ecosistemas ya están equilibrados después de 75 años”.

Hoteles y restaurantes de la zona muestran su sorpresa y preocupación ante la noticia. En algunos establecimientos apenas se conocen detalles del asunto. Es el caso de Raquel, del Hotel Rural Orellana, que afirma que “lo único que se ha escuchado son algunos rumores sobre el cangrejo rojo, pero que la mayoría de la gente no sabe nada del tema”.
Juan Antonio Moñino, del Hotel Acueducto de Acedera, cuenta que está “empezando a escuchar algunas cosas sobre la sentencia, pero los pescadores no me han dicho nada aún”. Moñino sostiene que, sin los pescadores deportivos, su negocio podría perder entre 12.000 y 15.000 euros anuales. “Sería una merma muy importante en el negocio”. 

EL DRAMA DE LOS CANGREJEROS

Alrededor de 200 familias del entorno del embalse de Orellana viven durante el verano del cangrejo rojo americano. Es la cifra que aporta a este medio Rodrigo Fernández, el mayor empresario del sector del cangrejo en Extremadura, miembro del Consejo Extremeño de Pesca y natural de Orellana la Vieja. Fernández no duda en afirmar que, si esta sentencia sigue hacia adelante, tendrá que “cerrar la empresa”.

“El daño socioeconómico en Orellana y alrededores (otro factor clave) es muy grave. La mayoría de gente que pesca al cangrejo son personas con escasos recursos, por lo que, si se les quita esta fuente de ingresos, muchos de ellos no tendrán nada. Incluso ha habido gente que ha tenido que pedir dinero prestado para poder financiarse una pequeña barca con motor”, detalla el dueño de Cangrejos Orellana.

Precisamente en la localidad tiene un centro de recogida de cangrejos que funciona a pleno rendimiento durante la época estival. Pero no es el único, tiene otro en Montijo y uno más asociado en Medellín. “No sólo son los centros de recogida, también las industrias están afectadas, habría que desmantelarlas y trasladarlas a Portugal”, sostiene el empresario.

Sobre cómo acabar con el cangrejo rojo, Rodrigo afirma que “es imposible”. Solamente en el centro de recogida de Orellana la Vieja, se han llegado a recibir hasta 400.000 kilos de cangrejo por verano, o lo que es lo mismo, alrededor de doce millones de cangrejos por temporada. “Si dejamos de pescar esta especie, que se reproduce muy rápido, acabarán buscando alimento en otros lugares, por lo que no sería raro ver cangrejos andando por las calles de Orellana. Es normal, son animales salvajes en busca de alimento, por eso es necesario controlarlos con la pesca”. Conocedor de los crustáceos en los ríos, Rodrigo se basa en una investigación del CSIC publicada en julio del año pasado, para decir que el Austropotamobius italicus, conocido como cangrejo autóctono, en realidad “no es autóctono, por lo que es ilógico protegerlo frente al rojo americano”. En concreto, se refiere al estudio que publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Gobierno de España, en el que señalaba, a través de un estudio multidisciplinar, que se ha puesto de manifiesto que el cangrejo de río Austropotamobius italicus, conocido como “cangrejo autóctono”, es en realidad una especie introducida. Según el trabajo, publicado en la revista Biological Reviews, se trata de un animal importado desde Italia a finales del siglo XVI por expreso deseo del rey Felipe II, como atestiguan numerosos documentos históricos.

EL OTRO LADO DE LA BALANZA

En un punto intermedio o contrario se encuentran los grupos ecologistas.
Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO Birdlife en Extremadura, uno de los grupos ecologistas que presentó el recurso ante el supremo, se muestra cauto y favorable a un cambio en la legislación. “Creemos que la ley tiene que cambiar. Entendemos que algunas especies exóticas están vinculadas a usos sociales, por lo tanto, no deben desaparecer, aunque hay que preservar lo autóctono, como el jarabugo, un pez que ha visto mermada su población debido a la introducción de especies exóticas y del que apenas quedan tres zonas en Extremadura donde sobreviven”. Cardalliaguet apuesta por un modelo en el que haya zonas diferenciadas. “Hay entornos que han sido modificados, como la zona de los embalses, ahí hay especies endémicas que no pueden sobrevivir, por lo tanto, las especies exóticas podrían estar allí”. Si bien matiza el delegado de SEO que “hay otras exóticas que son potencialmente muy peligrosas y hay que erradicarlas. Eso no quiere decir que haya que eliminar a las especies de la pesca deportiva, sino encontrar un punto intermedio. Ésa es la tarea de una buena legislación, que conjugue la defensa de lo autóctono, con los aspectos positivos de lo exótico”.

Desde Ecologistas en Acción Extremadura, su coordinador, José Ramón Alvarado, se muestra más contundente. Detalla a Costa Dulce que la sentencia debe cumplirse con la mayor celeridad posible. “Nos solidarizamos con las familias afectadas, pero la sentencia debe ejecutarse”. Alvarado señala a la administración como responsable de la situación, “hasta ahora han estado mirando hacia otro lado y es el momento de que empiecen a aplicar medidas. Lo primero, deben recolocar a las familias afectas en otros puestos de trabajo”.

Con respecto a los pescadores, el coordinador regional de Ecologistas en Acción dice que “deben cambiar de mentalidad, porque hora mismo tienen una visión cortoplacista de la situación. Es posible un desarrollo socioeconómico de las zonas afectas que sean sostenibles”.
José Ramón Alvarado no se muestra de acuerdo con la opinión de Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO Birdlife en Extremadura. “Respetamos la opinión de SEO Birdlife, pero no estamos de acuerdo. Esa postura nos parece ambigua. Lo único que hay que hacer es que la sentencia se cumpla”, recalca. “La administración se ha gastado mucho dinero en retirar especies exóticas como el camalote y esta medida supone una oportunidad para que la gente se sensibilice con la naturaleza”.

Sobre cómo eliminar algunas de las especies exóticas que están integradas en el entorno, como el cangrejo rojo americano, que se reproduce a un ritmo muy rápido, Alvarado remite hasta la central de Ecologistas en Acción en Madrid, donde Teo Oberhuber, también de la confederación ecologista, sostiene que “no es responsabilidad nuestra platear soluciones, sino del Ministerio de Medio Ambiente y desde Ecologistas en Acción no se piensa en plantear ninguna propuesta”.

Por su parte, el grupo ecologista local Retama, se encuentra “a la espera de una reunión de todos sus miembros para estudiar el caso y emitir un comunicado sobre el asunto”.

RESPUESTAS POLÍTICAS LOCALES

Los líderes políticos locales también quieren aclarar su posición y el asunto será uno de los puntos del orden del día del próximo pleno, que previsiblemente se celebrará la semana que viene.
El alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos, afirma que con este tema “es más lo que se pierde, que lo que se gana”. “Muchos locales de Orellana ya me han trasladado su preocupación. Si al final la ley establece a la carpa, el lucio o el black-bass como especies invasoras, estará todo lleno de peces muertos, porque habrá que matarlos y el ayuntamiento no está preparado económicamente para construir lo que haga falta para almacenar esos peces muertos”.

“La orilla del embalse llena de peces muertos”, es algo que también argumenta Antonio Cabanillas, de PROGRESO Orellana, el cual recalca que la decisión del supremo es “una barbaridad”. Según cuenta Cabanillas, “desde los grupos políticos de Orellana no se pueden presentar recursos a la sentencia”, pero sí quieren unirse “a la iniciativa de la Junta de Andalucía” y se hace la pregunta de “qué es lo que pensaran los ecologistas locales sobre la sentencia”.

Isidro Moya, del Partido Popular de Orellana, afirma que muchos vecinos y empresarios le están trasladando “inseguridad sobre el tema” y que la Junta de Extremadura “no se está moviendo lo suficiente, al contrario que la de Andalucía”, y aportaba el dato de que habrá empresas que sufran pérdidas de más de un millón de euros.

Por último, Pilar Carmona, de IPEX Extremeños, sostiene que “se va a destrozar toda la campaña de turismo de invierno, que se mantiene gracias a la pesca deportiva”. Con respecto al sector cangrejero, Carmona lo califica como “varapalo a la economía de muchas familias” e insta al resto de formaciones, a unirse a las asociaciones y colectivos en defensa de la pesca “para hacer más fuerza y que se cambie la ley”.